x 
Domingo, 28 Agosto 2016 21:52

 

ILLESCAS (TOLEDO): ANSÍA EL LIDERAZGO EN DILACIONES INDEBIDAS Y VULNERACIÓN DE LA LEY EN SOLICITUDES DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

          En días pasados ha venido a mi despacho una ciudadana colombiana muy agobiada y preocupada porque desde el 1º de junio de 2.010 solicitó la nacionalidad española en el Registro Civil de Illescas (Toledo) y sólo hasta el 9 de febrero de 2016, casi 6 años después de la solicitud, le fue concedida.

Desafortunadamente, la señora se enteró de la concesión al revisar la web del Ministerio de Justicia, pero esta es la hora que el Registro Civil de Illescas (Toledo) no le ha notificado la Resolución ni la ha citado para la jura, pero lo peor es que, cuando va a preguntar, le dicen que se tiene que esperar y que no vaya que se pueden tardar otro año y que si no le gusta “ponga una queja que ya tenemos muchas”.

Efectivamente, basta ir al Registro Civil de Illescas para inmediatamente darse cuenta del mal trato y de la desfachatez con que son tratados los extranjeros que van a preguntar por sus expedientes de nacionalidad. Las personas tienen que llegar allí en la madrugada para poder coger uno de los pocos turnos que dan, sabiendo que lo más posible es que les digan que esperen. Los funcionarios no entienden de razones y al Juez del Registro Civil de Illescas parece no importarle que los expedientes de nacionalidad se tarden hasta diez años tramitándose.

Recuerdo que, en una oportunidad que acompañé a un cliente, había un chico joven que quería presentarse a la oposición para Policía, llorando le rogó a la Juez que le hiciera la jura que llevaba casi 8 años tramitando su nacionalidad, que su futuro dependía de eso y con la mayor frialdad y desfachatez le contestó que ese no era su problema que había personas antes de él y que se tenía que esperar que dejara de ir que ya le avisarían.

Yo he sido funcionaria pública y he tenido responsabilidades importantes, las personas me pedían muchas veces ayuda y siempre intenté en la medida de mis posibilidades ayudarles, para eso es el servicio público, es inaceptable que en Illescas aún estén expedientes de solicitud de nacionalidad española por residencia desde antes del año 2010 sin resolver y que los que por fin se resuelven, tengan que esperar otra vez años a ver si alguna vez el Registro Civil se digna a llamarlos para la jura. Eso no tiene excusa ¿falta de recursos? Pues si esa es la excusa es obligación del Juez del Registro Civil buscar soluciones ¿por qué no citar grupos de personas a jurar? ¿por qué no hacer algo para preparar cuanto antes los Certificados de nacimiento de los extranjeros nacionalizados? Pero qué más da, que se aguanten…, como me dijo a mi alguien en una oportunidad ¿para qué quieren la nacionalidad, no les basta con la salud y la educación? ...

Dicho lo anterior quiero darles a conocer el caso de mi cliente, que es el caso de tantas personas que están tramitando su expediente de nacionalidad en el Registro Civil de Illescas (Toledo), caso que ya he puesto en conocimiento de la Defensora del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y del Excmo. Señor Director General de los Registros y del Notariado, a través del siguiente documento:

“QUEJA SOBRE LA OBSOLUTA VIOLACIÓN AL ART. 41.1 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, ASÍ COMO DE TODA NORMA DE PROCEDIMIENTO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO CIVIL DE ILLESCAS Y PARTICULARMENTE DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE DICHA POBLACIÓN, DONDE EXISTEN TODO TIPO DE OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN, DIFICULTAN Y RETRASAN DE MANERA FLAGRANTE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE QUIENES SOLICITAN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA.

XXXXX, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, provista de NIE XXXX, con domicilio a efectos de notificaciones en el despacho de la abogada Doña María Constanza Suarez Lemus, sito en Madrid, Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 1, 4ª, 28004, ante esta Subdirección comparezco con el fin de poner en su conocimiento, la situación de impotencia, indefensión y violación de todos mis derechos constitucionales y legales en la tramitación de mi expediente de “NACIONALIDAD POR RESIDENCIA”, que se tramita en el Registro civil de Illescas (Toledo).

Mi queja se basa fundamentalmente en los motivos que paso a EXPONER:

PRIMERO. -  El 1º de junio de 2010, presenté ante el Registro Civil de Illescas mi solicitud de “Nacionalidad por Residencia”, y el Registro me cita solamente hasta el 5 de marzo de 2013, según ellos “al objeto de ratificarme en la misma y llevar a cabo los demás trámites legales”.

Es decir, el Registro Civil de Illescas, me cita casi 3 años después, para un trámite que no existe, como es la ratificación de mi solicitud de nacionalidad. Mi impotencia en ese momento ya es total, porque cuando se le pregunta al funcionario cómo puede ser que me citen 3 años después para eso, el funcionario se limita a indicar que “es lo que hay”, y que deje paso al siguiente.

Presento como prueba de mi afirmación la cédula de citación expedida por el Registro Civil de Illescas, como Documento nº 1.

SEGUNDO. - El 5 marzo de 2013 comparecí al Registro Civil de Illescas a la ratificación de mi solicitud, con la esperanza que ya remitieran el expediente a Madrid. Todas las semanas iba a preguntar y nunca me daban ninguna información, ya a principios del 2015 me indicaron que el expediente estaba en Madrid, pero no quisieron decirme cuándo lo habían remitido. Cansada de la situación y sintiéndome absolutamente impotente, el 9 de abril de 2015, decidí efectuar una queja vía e-mail ante el Ministerio de Justicia, de la que tuve respuesta el 11 de abril de 2015. La respuesta del Ministerio reza: “En relación con su escrito presentado a través del formulario de contacto de la página Web del Ministerio de Justicia le informamos que, consultada la correspondiente base de datos, no ha tenido entrada expediente de solicitud de nacionalidad española por residencia en la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil correspondiente a los datos facilitados por usted y, en consecuencia, para dichos datos no ha sido asignado número de expediente.” (La negrita es mía). Aporto como prueba de mi afirmación, copia de mi queja y su respuesta, como Documento nº 2.

Es decir, un expediente de nacionalidad por residencia presentado en el Registro Civil de Illescas (Toledo) el 1 de junio de 2010, casi 5 años después ni siquiera había sido remitido para su tramitación a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil.

TERCERO. - Finalmente, el 9 de febrero de 2016, es decir, casi 6 años después de solicitar mi nacionalidad española por residencia, revisando la web del Ministerio de Justicia, veo que se había expedido por el Director General de los Registros y del Notariado, la Resolución por la cual se me concedía la nacionalidad española por residencia.

Desafortunadamente para mí, la citada Resolución se comunicó en esa fecha al Registro Civil de Illescas (Toledo) porque como señala la misma Resolución “….  Lo que se comunica con esta fecha, con remisión de copia electrónica del correspondiente certificado de nacimiento, al Registro Civil de ILLESCAS, por cuyo Encargado se notificará formalmente la concesión de la nacionalidad a la interesada y se le informará de los trámites necesarios, con advertencia de que tal concesión no producirá efectos legales hasta que, compareciendo ante el funcionario competente, declare, en su caso, la renuncia a la nacionalidad anterior,  preste juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes y se inscriba como española en el Registro Civil, para todo lo cual la interesada, en lo sucesivo, deberá dirigirse al citado Registro Civil.”. Aporto copia de la citada Resolución como Documento nº 3.

CUARTO.- Inmediatamente supe que me había sido concedida la nacionalidad, me dirigí al Registro Civil de Illescas con copia de la Resolución, con el fin de que me señalaran una fecha para notificarme la citada Resolución y me indicaran cuando podía hacer la correspondiente jura, pero hasta la fecha después de ir semana tras semana, lo único que logro es que de manera déspota, despectiva y sin ningún respeto o consideración me digan que tengo que esperar a que me llamen, que no saben cuándo y lo peor que puede ser un año o más y que si no me gusta haga una reclamación, que ya tienen muchas.

Considero que el Registro Civil de Illescas, no cumple con absolutamente ninguna de las normas que le rigen, no cumple la Ley del Registro Civil, no cumple El Reglamento del Registro Civil y tampoco cumple la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Entre las principales normas, pero no las únicas, que se han incumplido tanto por el Juez como los demás funcionarios del Registro Civil de Illescas, cabe mencionar las siguientes:

  • El Artículo 354 del Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil, que reza: “…… La práctica de una diligencia no paralizará las demás que sean compatibles”.

Se evitará toda dilación o trámite superfluo o desproporcionado con la causa. En otro caso, las partes podrán recurrir en queja ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y, si éste no lo corrige, ante la Dirección General. Igualmente cabrán quejas por omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva.

El Ministerio Fiscal o el órgano de oficio suplirá la pasividad de las partes en el cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio de las multas que procedan conforme a la Ley. Transcurridos tres meses desde que un expediente o recurso se paralice por culpa del promotor o promotores, el Ministerio Fiscal y las demás partes, unánimemente, podrán pedir que se declare su caducidad, previa citación al promotor o promotores.

En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que se dé orden motivada y escrita en contrario por el inmediato superior.

Los interesados tendrán derecho a ser informados en cualquier momento del estado de la tramitación.”

En mi caso, el proceso se ha dilatado todo lo que les ha sido posible, y jamás se me ha informado del estado de su tramitación cuando he ido a preguntar.

  • Artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece:

“Notificación

La Resolución que me concede la nacionalidad española por residencia fue dictada el 9 de febrero de 2016 y desde esa fecha el Registro Civil de Illescas tiene conocimiento de la misma y de su obligación de notificármela, citarme para la jura y posteriormente elaborar la correspondiente inscripción.  Sin embargo, han pasado prácticamente 180 días y la única respuesta que obtengo cuando voy a preguntar es que debo esperar, que se puede tardar un año más y que si no me parece me queje.

El artículo 41.1 de la mencionada Ley 30 establece que: “Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuvieran a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán todas las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.”

Durante la tramitación de mi expediente de nacionalidad, este artículo fue papel mojado, no se han respetado mis derechos, se ha dilatado el proceso de manera exagerada y no se hace absolutamente nada por evitar y eliminar la anormalidad en la tramitación del mismo.

            Para concluir quiero indicar, que la inoperancia del Registro Civil de Illescas que ha llevado a dilaciones absolutamente inconcebibles en la tramitación de mi expediente de nacionalidad española por residencia, me ha perjudicado muy gravemente. Por ejemplo, tenía una oferta de empleo en “Tabacos”, pero cuando dije que era extranjera, me dijeron que no me podían dar el empleo. Tengo un hijo de 16 años, que quiere solicitar la nacionalidad española por opción una vez yo tenga la nacionalidad española, pero los años pasan y no sé si mi hijo alcanzará a optar antes de ser mayor de edad.

Por todo lo expuesto, SOLICITO A LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, tenga por presentado este escrito con los documentos que adjunto se acompañan y en su virtud, se sirva interceder ante el Registro Civil de Illescas (Toledo) para que dando cumplimiento a la Ley, proceda a notificarme la Resolución por la cual me fue concedida la nacionalidad española por residencia, se me cite a prestar juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes y posteriormente y sin dilaciones se efectúe la correspondiente inscripción con el fin de que me pueda ser expedido un Certificado de Nacimiento para la expedición de mi DNI.

            En Illescas, a 8 de agosto de 2016.

            Fdo. Xxxxxxx”

 

Seguiré trabajando, como abogada reivindicativa y luchadora por los derechos de los extranjeros, porque casos como el expuesto dejen de ser tan frecuentes sin que nadie haga nada por solventarlos, ya en el año 2013, el en ese momento el Senador Canario Don Domingo Fuentes Curbelo, recibió varias quejas sobre el atasco de infinidad de expedientes de nacionalidad que se tramitaban en el Registro Civil de Arrecife, que llevaron al Senador a plantear una batería de preguntas en la Cámara Alta para que el Gobierno Central diera explicaciones sobre cuántas solicitudes de inmigrantes para pedir la nacionalidad española están bloqueadas y las razones de la demora, desconocemos las respuestas del Gobierno, pero lo triste es que la situación sigue igual y parece que a nadie le interesa solucionarlo.

Miércoles, 06 Abril 2016 21:56

 

 

El 15 de octubre de 2015 entró en vigor la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

La disposición final séptima de dicha ley, modifica el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia, estableciendo:

1.- El procedimiento para la concesión de la nacionalidad por residencia se regirá por lo dispuesto en el Código Civil, por lo previsto en esta disposición y en el reglamento que la desarrolle. En este reglamento se incluirán las especialidades propias del procedimiento para el personal al servicio de las Fuerzas Armadas.

2.-La tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónicoy su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Todas las comunicaciones relativas a este procedimiento se efectuarán electrónicamente.(Dado que los Nies no tienen chip que permitiera hacer esta gestión por el usuario, este procedimiento telemático es realizado por abogados o gestores administrativos)

3.- El cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil para la obtención de la nacionalidad española por residencia deberá acreditarse mediante los documentos y demás pruebas previstas en la ley y reglamentariamente.

La acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española requerirá la superación de dos pruebas.

La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2 o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior. Los solicitantes nacionales de países o territorios en el que el español sea el idioma oficial estarán exentos de esta prueba.

En la segunda prueba se valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas.

Dichas pruebas serán diseñadas y administradas por elInstituto Cervantesen las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Estarán exentos de la superación de las pruebas mencionadas los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente.

4.- El procedimiento al que se refiere este artículo estará sujeto alpago de una tasa de 100 euros. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia y estará sujeto a ella el interesado, sin perjuicio de que pueda actuar por representación y con independencia del resultado del procedimiento. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia, que regulará cómo ha de efectuarse el pago de la misma.”

La citada Ley, fue reglamentada medianteelRD 1004/2015, de 6 de noviembre, que entróen vigor el 7 de noviembre de 2.015.

La nueva normativa contempla cambios sustanciales en el procedimiento que debemos seguir para obtener la nacionalidad española por residencia.

Las principales modificaciones son las siguientes:

  1. La solicitud de la nacionalidad española por residencia se hará de forma electrónica, siendo el responsable de la instrucción del trámite la Dirección General de Registros y del Notariado.

De acuerdo con la nueva legislación, la resolución que resuelve el trámite debe ser notificada al interesado en un plazo máximo de un año desde la presentación de la solicitud. Entendemos que esto implicará una reducción sustancial en la duración del procedimiento y esperamos que se cumpla el plazo de un año. Eso está por verse, pero confiamos que el hecho de no tener que iniciar el procedimiento ante las dependencias del registro civil del lugar de residencia, muchas de ellas lentas y además con exámenes absurdos y sin ningún controlhaga no sólo que el proceso sea más expedito, sino además, que todos los extranjeros que opten a la nacionalidad por residencia lo hagan en igualdad de condiciones.

Importante es, sin embargo, señalar, que hasta el 30 de junio de 2017 habrá un régimen transitorio que permitirá presentar las solicitudes de nacionalidad por residencia en cualquier registro civilo de forma telemática, esto es, en papel o en formato electrónico.

  1. La iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia, conlleva el pago de una tasa de 100€, que se cancelarán mediante la cumplimentación del correspondiente formulario de pago. El modelo normalizado de pago de la tasa se encontrará disponible en la página web del Ministerio de Justicia.
  2. Una de las principales novedades en el procedimiento consiste en la necesidad de acreditar por un lado el conocimiento básico de la lengua española y, por otro, conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España.

Para demostrar estos conocimientos, se ha encargado al Instituto Cervantes de la práctica de las correspondientes pruebas. Así, quienes deseen optar a la nacionalidad española por residencia deben presentar 2 exámenes, el de Lengua Española (DELE), el cual tiene varios niveles, por lo que el que se exige es superar mínimo elnivel A2. Por otro lado se debe superar la prueba de conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) que permitirá, una vez se conceda la condición de “apto” obtener un certificado emitido por dicho Instituto.

De la prueba de lengua están exentas las personas procedentes de países de habla hispana, como son la mayoría de los países latinoamericanos y Guinea Ecuatorial.

El examen de Lengua Castellana (DELE) tiene un costo de 124 euros y el de conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) de 85 euros. Las tasas deben pagarse al momento de inscripción a la prueba.

Importante señalar que tanto los menores de 18 años como los incapacitados judicialmente no están obligados a presentar las pruebas.

  1. Una vez finalizado el procedimiento, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, dictará la correspondiente Resolución mediante la cual concederá o denegará la nacionalidad española por residencia.La notificación de dicha resolución se haráde manera electrónica, y queda suspendida su eficacia a que en el plazo de los 180 días siguientes su notificación, el interesado efectúe ante el Encargado del Registro Civil el juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y demás leyes.

Consideramos que la modificación legal en el trámite de la nacionalidad española por residencia, si bien implica el pago de una tasa y la presentación de las pruebas de lengua y conocimientos, puede ser beneficiosa en el sentido de que todos los extranjeros estarán en igualdad de condiciones, en el sentido de que todos se someterán a las mismas pruebas y no estarán sometidos al arbitrio del Juez del Registro Civil de la localidad donde residen, quien con la antigua legislación, podía hacer el examen que considerara conveniente, sometiendo muchas veces a los extranjeros a preguntas absurdas que ni siquiera los mismos españoles podrían contestar.

Por otro lado,el que la presentación sea telemática y directamente ante el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, debe tener como consecuencia que el procedimiento sea muchísimo más rápidoy la administración pueda cumplir con los plazos legales, lo que implicaría que la Resolución que resuelve el procedimiento, deba ser dictada en un plazo inferior a un año desde la solicitud y notificada al interesado dentro del citado año.

Miércoles, 06 Abril 2016 21:53

 

En marzo de 2.011, escribí un artículo titulado "DE LA CONTROVERTIDA SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD POR EXPULSIÓN"( que está a vuestra disposición para lectura y análisis en mi blog deSUÁREZ ABOGADAS, en el siguiente enlace http://suarezabogadas.net/es/blog.htmlen el que criticaba la reforma que mediante la Ley Orgánica 5 de 2010 se hacía al artículo 89 del C.P. y que contemplaba la expulsión de los extranjeros irregulares, ya fuera porque se les había condenado a una pena privativa de libertad inferior a seis años o porque, independientemente de la duración de la pena de prisión, hubiesen accedido al tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, por considerar que se podía estar expulsando a personas con un importante arraigo en España, con lo que no sólo se perjudicaba al extranjero expulsado sino a sus familias, que muchas veces dependían de ellos para su sustento, desconociendo también los derechos de niños que, aunque no españoles, eran residentes legales y quedaban desamparados al ver que su padre o madre eran expulsados quedando ellos privados del derecho a tenerlos.

Ahora me siento moral y profesionalmente obligada a ejercer una crítica constructiva, pero firme, a la nueva reforma del Código Penal, al considerar que las cosas son aún más injustas, y yo diría que rayan en la crueldad, y demuestran la xenofobia del Partido Popular, siempre caracterizado por su doble rasero y su hipocresía cuando de los extranjeros se trata.

El artículo 89 del Código Penal ha sido nuevamente reformado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, dando vía libre a la expulsión de extranjeros sean ellos residentes legales o no.

Establece el citado artículo:

"1.Las penas de prisión de más de un añoimpuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español.Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español.En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

2.Cuando hubiera sido impuesta unapena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos,se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

Es decir, un extranjero, por el sólo hecho de serlo, si es condenado a una pena de prisión de más de un año será expulsado.El juez está obligado a decretar su expulsión, y además, tendrá la facultad de acordar la ejecución de parte de la condena previa a la expulsión.

Lo más grave de todo, es que penas de prisión de más de un año se pueden imponer por delitos no especialmente graves como amenazas o calumnias o como el top manta que en el Código penal anterior era considerado una falta y que actualmente puede ser castigado con pena de hasta 2 años de prisión.

Es decir, el nuevo código penal elimina las lesiones leves como delito, pero pasa a la categoría de delito el top manta, medio de vida de muchos extranjeros que, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo, se ven abocados a la venta ambulante.

Me pregunto ¿qué argumento puede tener el gobierno que aprovechándose de su mayoría absoluta aprueba una reforma penal tan regresiva y violatoria de los derechos de las personas y en particular de los inmigrantes?

Se señala en el punto IV del preámbulo de Ley que"…se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina la búsqueda de la eficacia con un escrupuloso respeto de los derechos individuales: se ajusta el límite de pena a partir del cual podrá acordarse la expulsión a la regulación contenida en la legislación de extranjería; los jueces y tribunales deberán establecer, en todo caso, qué parte de la pena impuesta debe ser cumplida efectivamente en prisión, cuando se hayan impuesto penas de más de tres años; y la sustitución se condiciona, en todos los casos, a la proporcionalidad de la medida…"

¿Cómo puede hablarse de escrupuloso respeto de los derechos individuales, cuando se puede expulsar a alguien que comete un delito de amenazas porque un nacional le insulta y Dios sólo sabe que le dice?.....

En mi largo ejercicio profesional como abogada, he visto de todo y he defendido a extranjeras que se han enzarzado en peleas porque les dicen "vosotras todas sois unas pu…? ¿Es justo expulsar a esa mujer? O cuando un extranjero tiene que aguantar que lo insulte un nacional porque según él el extranjero le roba el trabajo al cobrar menos…?

Y peor ¿por qué no se pregunta el gobierno por qué los africanos son manteros? ¿Tienen oportunidades laborales fuera del mercado sumergido? La respuesta es no, los africanos tienen muy difícil encontrar un trabajo o ¿es que creen que andan corriendo con sus mercancías por las calles por placer? ¿No piensa el gobierno que si tuviesen la oportunidad de un trabajo digno no lo agradecerían?

Los extranjeros son ante todo personas, no son ángeles, como tampoco lo son los españoles y si bien es cierto a las mafias o los sicarios y demás gentuza sean nacionales o extranjeros hay que combatirlos y, porque no decirlo sin ambages y con todo claridad, expulsarles, pero no para que se vayan de rositas a sus países, sino para que cumplan las penas en cárceles de sus países de origen, ahí sí que se pensarían a la hora de venir a delinquir en España. Pero esos delincuentes son una minoría, los inmigrantes vienen a España en busca de un trabajo y una vida mejor y han contribuido con su esfuerzo al crecimiento del país. ¿Por qué no reconocerlo y valorarlos? ¿Por qué querer echarlos como si fuesen una plaga?

El actual artículo 89 del Código Penal lo que deja ver es lo que realmente piensa el PP de los inmigrantes, que son todos unos delincuentes, personas de poca monta sin valor que lo único que merecen es echarlos. Eso es lo que el ciudadano Español de a pie ve, que el Gobierno lanza el mensaje de tenemos que echarlos porque nos estamos llenando de delincuentes, lo cual es absolutamente falso e injusto.

Pero es tal la desfachatez de los Populares y su reforma al Código Penal, que a pensar de los casos de corrupción que asolan a su partido y de los cuales dice "avergonzarse", la Reforma olvida los delitos de guante blanco, esos delitos que cometen políticos y empresarios, robando dinero que debería destinarse al bienestar ciudadano: a la salud y a la educación.

El fraude fiscal sigue igual, es decir, sólo es delito si supera los 120.000y si alguien tiene los medios para defraudar una cantidad superior sólo se enfrenta a una pena de prisión de entre uno y cinco años, asícomo a una multa que puede alcanzar seis veces la cifra. Qué significa eso en cristiano, que si un sinvergüenza defrauda millones de euros, puede llegar a una conformidad con el fiscal en la que reconoce los hechos y se le puede imponer una pena inferior a 2 años, evadiendo así su ingreso en prisión, es decir, yéndose de rositas. Además, el delito fiscal prescribe a los cinco años.

Pero no podemos olvidar la otra desfachatez de los Populares, no sólo se olvidan de los delitos de guante blanco, sino que hace tres años, aprobaronlaLey Orgánica 7/2012, norma según la cual quien comete un delito fiscal tiene dos meses para pagar su deuda tributaria y quede extinguida su responsabilidad penal y eso no es lo más grave, esos dos meses no empiezan a contar desde que es descubierto el fraude sino cuando es imputado por el delito, es decir cuando se le denuncia penalmente por la posible comisión del delito y va más si pago dentro de los famosos 2 meses la pena de prisión quedará entonces por debajo del año y la multa se reduce a mitad o la cuarta parte. Es decir, los verdaderos delincuentes, los ladrones de millones, esos obviamente no se expulsan claro, no se puede, son españoles, pero ni siquiera van a la cárcel, sus delitos quedan impunes, mientras que un mantero puede ser expulsado al país de donde ha huido no sabemos si por una guerra o simplemente porque huye del hambre.

Esa es la justa reforma al Código Penal, la que como dice su preámbulo es "de la eficacia con un escrupuloso respeto de los derechos individuales...".

Constanza Suárez Lemus

Abogada Col. Icam 86570

Innovación

En GESTRÁMITES creemos en las nuevas tecnologías para la gestión de servicios

legales y nos hemos convertido probablemente en el PRIMER DESPACHO DE ESPAÑA  que implementa una gestión integral de servicios legales a través de la web, de idéntica naturaleza a los que lleva a cabo en el despacho físico.

 

Contacto

GESTRÁMITES.
C/ Marqués de Leganes, 7, 1º Izquierda
28004 Madrid
Tlf.: +34 91 8927884

Móvil Trámites: +34 610253067

Móvil Asesoría Legal: +34 676035990

E-Mail
soluciones@gestramites.com

Boletín

Suscríbete para tener ofertas especiales!
Te garantizamos no recibir spam